El 24 de marzo se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, con el objetivo de recordar a las víctimas del terrorismo de Estado llevado adelante por la última dictadura cívico-militar argentina, y para mantener presente la demanda de justicia.
Dicha dictadura, que tuvo lugar entre el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, fue uno de los períodos más oscuros de la historia argentina, durante el cual se produjeron violaciones sistemáticas de los derechos humanos, con más de 30.000 desapariciones de personas, y miles de secuestros, torturas en centros clandestinos de detención y privaciones ilegítimas de la libertad.
Bajo el pretexto de “subversión”, las fuerzas armadas hicieron “desaparecer” (es decir, secuestraron, torturaron y asesinaron clandestinamente) a miles de personas, en su mayoría trabajadores, estudiantes, militantes, sindicalistas, periodistas, escritores y artistas, ya sea por su actividad política, o por el simple hecho de expresar una opinión que cuestionara al gobierno de facto.
Entre las miles de personas secuestradas ilegalmente por las fuerzas estatales, se encontraban muchas mujeres embarazadas, que debieron dar a luz en los centros clandestinos de detención, y cuyos hijos recién nacidos eran entregados a familias que los adoptaban ilegalmente; en otros casos, las mujeres eran secuestradas con niños pequeños, que también eran entregados a otras familias.
Esos niños y niñas, que se estima fueron alrededor de 500, crecieron sin conocer su historia de vida, ya que en la mayoría de los casos, las familias apropiadoras no les contaban quiénes eran sus verdaderos padres. Así fue como surgió la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo: mujeres cuyos nietos habían nacido en cautiverio, y que se juntaban para localizarlos y restituirles su verdadera identidad. Hasta la fecha, las Abuelas lograron recuperar a 130 nietos, que pudieron conocer su historia y reencontrarse con sus familias biológicas. Hoy en día, esos niños ya son adultos, de los cuales muchos a su vez tuvieron hijos e hijas; por eso es tan importante el trabajo de búsqueda, para que las futuras generaciones no crezcan en la mentira.
Conocer la historia, por más dolorosa que sea, nos permite mantener viva la memoria y luchar para que nunca más vuelva a suceder algo así en nuestro país.
En 1978 en La Pampa, a poco de iniciada la investigación, el juez piquense Néstor Mario Alvarez decretó la incompetencia de la justicia civil por ser “un delito subversivo” y la causa pasó al fuero militar por pedido expreso del Comando Subzona 14. Dos meses después de ocurrido el hecho el Ejército ordenó que los restos fueran enterrados en Pico como NN, lo que se hizo el 31 de enero de 1979. Y cerró la causa.
El padre de Adrián, Félix Pérez, comenzó a buscarlo y presentó al menos tres habeas corpus en distintos tribunales federales: Santa Fe, La Plata y Capital Federal. Todos fueron rechazados. Luego de que se encontraran los cuerpos en la ruta 12, el 21 de diciembre de 1978, el padre recibió un llamado de la Policía Federal en el que le informaron que su hijo había sufrido un accidente en La Pampa. Perplejo, llegó a mediados de enero del ’79 hasta las comisarías de Colonia Barón y Quemú Quemú donde le respondieron con más evasivas que certezas, y en la Jefatura le informaron que todas las actuaciones las tenía el Ejército. Otra vez se le cerraban las puertas.
El caso fue reabierto cuando, con la vuelta de la democracia, el 24 de enero de 1984 los integrantes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de General Pico denunciaron a la justicia que había dos cadáveres NN sepultados en el cementerio de esa ciudad.La causa recayó en el juez de Instrucción del Juzgado 1 piquense, José María Triputti, quien comenzó una investigación para determinar la identidad de los restos. La causa 14.250 tuvo en pocos meses importantes elementos para determinar su vinculación con la represión ilegal, aunque no se avanzaría sobre los autores, las identidades y los motivos reales del hecho. Declaró la madre de Mora y un testigo, que volvieron a vincular a la joven con los restos hallados.
En agosto de 1984 la madre de Ilsa Mora reconoció uno de los llaveros encontrados en la escena del crimen como el de su hija. La justicia los envió a la policía de Catriló. Los uniformados fueron hasta la casa que la presunta víctima habitaba seis años antes y una de las llaves abrió la puerta.La causa quedó estancada, pero algo fue claro cuando se abrieron los archivos militares: hubo al menos encubrimiento del Ejército hacia los asesinos y éstos intentaron ocultar la desaparición del matrimonio Pérez plantando la cédula junto al auto incendiado.
En 2005 la Justicia Federal reabrió la causa y se empezaron a analizar los restos enterrados como NN. Los análisis por parte del Equipo Argentino de Antropología Forense no dieron resultados positivos por el deterioro de las muestras.En 2012, el Juzgado Civil 5 de Santa Rosa determinó que el caso de la muerte de Ilsa Clotilde Mora se trata de una desaparición forzada. Así, es el primer y único episodio de estas características ocurrido durante la última dictadura cívico-militar en territorio pampeano.